Declaración Pública NPS: La dimensión democrática del Tratado de Escazú

En octubre de 2019, cuando nuestro país se manifestaba frente a años de inequidades y abusos que terminaron por quebrar la confianza en las instituciones, NPS surge desde la sociedad civil organizada haciendo un llamado a avanzar en la reconstrucción social de esas confianzas, la promoción del diálogo, el respeto y garantía de los derechos humanos, caminar hacia una transformación de nuestra sociedad, el fortalecimiento de la democracia y la profundización de la participación de más actores en el curso y destino de nuestro país.

A esa misma profundización apunta el Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, que establece que dicha participación debe realizarse y acontecer bajo condiciones que permitan alcanzar mayor simetría en las decisiones. Derechos que vienen siendo formulados desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, conocida como Cumbre de Río, cuya Declaración reconoce que: “[el] mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.

No podemos desconocer que tanto en Chile como en otros países de la región, las personas enfrentan procesos de toma de decisión en materia ambiental sin participación efectiva, sin información técnica apropiada y sin defensa legal garantizada.

El nuestro es un país cuyo desarrollo económico ha estado principalmente basado en la explotación intensiva de bienes comunes. El mar, el agua, el suelo y el subsuelo se disponibilizan al mercado a través de concesiones que no protegen la integridad de estos elementos ni su interacción. Lo que ha traído consigo un sin número de conflictos socio ambientales, en algunos casos llevados ante la justicia, producto del impacto en zonas que soportan cargas ambientales desproporcionadas que aumentan la pobreza multidimensional y que, por lo mismo, se han autodenominado como “zonas de sacrificio”, algo que no puede simplemente asumirse como una externalidad negativa del proceso económico.

Hacemos por ello un llamado al Gobierno a reconsiderar la decisión adoptada de no firmar el Acuerdo de Escazú, retomando así el liderazgo que el Estado chileno asumió durante el proceso para su formulación, así como al Parlamento a tramitarlo y ratificarlo a la brevedad. No firmar Escazú perpetúa problemas estructurales de nuestra democracia, y no permite ni compromete un avance progresivo en estas materias y con los derechos humanos.

Es imperativo avanzar hacia la ratificación e implementación de los derechos garantizados por este instrumento, el más importante tratado ambiental de las últimas dos décadas, para incorporar a nuestro ordenamiento estándares de tramitación ambiental más democráticos y con la participación de todos los actores involucrados, en particular aquellos que habitan territorios donde los proyectos sujetos a evaluación pueden traer mayores impactos.

Un Estado de Derecho que se define como república democrática debe garantizar a todas y todos las condiciones para participar en aquel espacio que constituye su ambiente cultural, social, simbólico y natural. Avanzaremos así decididamente en la recomposición de las confianzas necesarias y en la participación de los diferentes actores sociales con miras a posibilitar un futuro más justo y armónico.

Por más democracia y desarrollo ambiental participativo y sostenible.

25 de septiembre de 2020

 

Nuevo Pacto Social – NPS es una articulación de más de 750 organizaciones de sociedad civil, sin fines de lucro, diversas y plurales, agrupadas en nueve redes. Más información: www.nuevopactosocialchile.cl

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